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Vía52, creando un nuevo semanario digital
Santander y Madrid
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El Proyecto de Ley de Tasas Judiciales que ha elaborado el Ministerio de Justicia y se encuentra actualmente en trámite parlamentario afecta de lleno al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ya que “no todos los ciudadanos podrían acceder al sistema de justicia” si se pusiera en marcha este copago judicial que eleva unas tasas “a cuantías importantes” e introduce otras “muy elevadas”, según han advertido los presidentes de las audiencias provinciales.
Este proyecto gubernamental y otros como el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el de reforma de la Ley de Demarcación y Planta mantienen enfrentada a la inmensa mayoría de la comunidad jurídica con el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Los presidentes de las audiencias provinciales han mostrado su disconformidad con unas iniciativas legislativas que “tienden a debilitar” al poder judicial, “intentando restarle su papel constitucional”. Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ las consideran un ataque directo a los derechos de los trabajadores de la Justicia.
Pero además de su impacto sobre el poder judicial y sobre los trabajadores de la Justicia, estos proyectos afectan de lleno a derechos fundamentales de la ciudadanía. Así, el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales cuestiona el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución española (1), dentro del Título I, relativo a los derechos y deberes fundamentales.
Según lo que ya se conoce del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales, el recurso de apelación costaría 800 euros como mínimo, y a partir de esta cantidad se sumaría un tanto por ciento con respecto a la cuantía del pleito. Por su parte, el recurso de casación costaría 1.000 euros como mínimo. Así, la cuantía de éstas y otras tasas resultaría de una parte fija más otra variable.
Mucho se está hablando de los copagos sanitario y educativo pero muy poco del copago judicial, que igualmente “dejaría en el camino a millones de ciudadanos, en especial los más débiles”, que “verían mermada, cuando no impedida, la posibilidad para ejercitar acciones legales para ver reconocidos sus derechos”, según han advertido los sindicatos de la Justicia. En este sentido, el copago judicial crearía “una Justicia de primera, y una de segunda, a las que se accedería en función de los recursos económicos de que se disponga”. Unas críticas que comparten asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales (2), así como de abogados (3).
En Vía52 queremos analizar a fondo el funcionamiento de la Justicia española y, entre otros temas, nos hemos propuesto investigar a fondo todo lo que se esconde detrás del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales y de otras iniciativas legislativas del Ministerio que dirige Ruiz-Gallardón.
Si obtenemos la financiación necesaria a través de la campaña de crowdfunding podremos poner rostro y cifras a los recortes en Justicia y detallaremos cómo afectarán al poder judicial, a los trabajadores del ramo y a la ciudadanía, con especial atención a cómo afectarán a los más débiles con respecto a los más fuertes, a las empresas y a las Administraciones.
Artículo por Javier Lezaola (http://www.twitter.com/JavierLezaola)
Enlaces:
(1) http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=24&tipo=2
(2) http://www.juecesdemocracia.es/txtComunicados/2012/COMCONTASASJPDUPFSISEJ.pdf
(3) http://www.abogacia.es/2012/09/28/la-abogacia-rechaza-la-imposicion-de-nuevas-tasas-judiciales-porque-imposibilita-el-acceso-de-los-ciudadanos-a-la-justicia/
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